Ante la grave situación de crisis que vive el país, el gobierno español ha decidido ensañarse con los más débiles: los inmigrantes sin papeles. A través del Real Decreto Ley 16/2012, los inmigrantes irregulares que se encuentren en España, independientemente de su forma de acceso o de que hayan perdido su papeles a causa de la pérdida reciente del empleo se han quedado formalmente sin derecho a la salud. 

El nuevo sistema convierte el tradicional sistema de salud público español, uno de los más valorados del mundo, en un sistema de salud privado para el no residente que funciona de manera similar a un seguro privado, donde el inmigrante debe pagar una cuota que irá de los 746 euros anuales para menores de 65 años  a los 2.675 que tendrán que pagar los ancianos. El que no pague no tendrá acceso a la sanidad pública.

Según el decreto que entró en vigor el mes de agosto, soló podrán acceder a la salud en caso de "urgencia o por enfermedad grave" lo que implicará una reducción del éxito de la sanidad preventiva, haciendo que a largo plazo se repercuta en el aumento de los costes del sistema sanitario público, ya que como todo el mundo sale un euro invertido en prevención o atención primaria ahorra tratamientos mucho más caros en medicinas especializadas. Para el médico Julio Montaner, uno de los principales expertos en la lucha contra el VIH la medida se ha tomado “por razones políticas, probablemente populistas y sin base racional alguna”, el Gobierno condena a la muerte a muchos inmigrantes y facilita la transmisión del virus en toda la población “ya que a la hora de transmitirse, el virus, a diferencia del Gobierno, no discrimina por factores étnicos”“, por lo que estas medidas "tendrán el efecto económico opuesto”.

Las críticas han sido tan duras que algunos gobiernos provinciales como Navarra se han visto obligados a prometer ayudas a los inmigrantes que no puedan pagar los servicios sanitarios. No obstante, estas ayudas quedarán condicionadas a la inexistencia de antecedentes penales, lo que implica dejar fuera a todos los manteros (vendedores ambulantes) que han sido detenidos alguna vez o a los que tengan alguna causa pendiente con la justicia, lo que implica que los que sean víctimas de denuncias falsas no podrán acceder a la misma. Tampoco podrán acceder los que lleven menos de 1 año empadronados, por lo que los que no lo estén o los que viajen habitualmente lo tendrán muy complicado.

La aplicación de la medida aún no está del todo clara. Por ejemplo, en Valencia han sido atendidos los inmigrantes irregulares pero quedarán como morosos por los costos del tratamiento y los mismos tratarán de ser cargados a su país de origen o al propio paciente. De hecho tras los primeros impagos ya han salido publicadas listas con cientos de nombres (con DNI y domicilio) de "morosos" de la salud.

El argumento de que los "inmigrantes colapsan los hospitales" ha servido para que algunos sectores sociales apoyen firmemente la medida. Sin embargo esta tesis es totalmente falsa, ya que van al médico bastante menos que la media nacional, debido principalmente a ser una población muy joven. Diversos estudios como el realizado por el SemFYC muestran que no se da una sobreutilización de los inmigrantes de la sanidad y que muy al contrario establecen que estos acuden en menor medida. Otros estudios como el de La Caixa van mucho más lejos y afirman que en términos generales los inmigrantes aportan al estado más de lo que reciben [Ver aquí]. Por su parte, según la Encuesta Nacional de Salud los extranjeros consultan un 7% menos al médico de cabecera que los españoles y un 16,5 menos que al especialista.

Por suerte, hay gente en españa que no se resigna a dejar a este colectivo sin un derecho básico y en el poco tiempo que lleva en vigencia la Ley cerca de 2000 médicos (Según datos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria) se han declarado objetores y seguirán atendiendo a los inmigrantes.